Caso Arruga: declaran policías investigados por la desaparición
TOC 3 DE LA MATANZA

Caso Arruga: declaran policías investigados por la desaparición

En la tercera jornada del juicio por las torturas que sufrió el chico en el destacamento Indart 106 de Lomas del Mirador, declaran como testigos los seis efectivos que estuvieron en ese momento. Tres de ellos son investigados por la desaparición del joven, cuatro meses después. Tanto el fiscal como los abogados querellantes se opusieron a que los agentes sean testigos.

Caso Arruga: declaran policías investigados por la desaparición

Infojus Noticias // Jueves 07 de mayo de 2015 | 12:55

 

Seis policías bonaerenses están convocados para declarar hoy en la tercera audiencia del juicio por las torturas que sufrió Luciano Arruga cuatro meses antes de desaparecer. El fiscal  José Luis Longobardi y los abogados de la querella se opusieron a que fueran testigos. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza aceptaron por unanimidad el pedido de los defensores de Julio Diego Torales, el ex agente que está siendo juzgado. Todos estuvieron en el destacamento cuando a Luciano lo golpearon entre, al menos, tres personas, le dieron de comer un sándwich escupido y lo amenazaron con llevarlo a la comisaría 8va donde lo violarían. Entre los efectivos, tres de ellos que están investigados por la desaparición del joven de 16 años.
En total declararán nueve personas en la tercera jornada del debate que comenzó el lunes. Néstor Guillermo Díaz, Miguel Ángel Olmos, Damián Marcelo Sotelo, Miguel Osvaldo Soraire, Mónica Viviana Chapero y Sergio Oscar Fékter  están citados para aportar su testimonio. Se trata de los efectivos que estuvieron de servicio en el destacamento de Indart 106 en Lomas del Mirador donde Luciano estuvo detenido durante más de nueve horas aquel día hace seis años. Cuando su madre y su hermana lo fueron a buscar, Luciano alcanzó a señalar a Torales: “Vos me pegaste, mientras los otros dos me sostenían”. Más tarde, se lo contó a su hermana cuando ya estaba en su casa. Ella anotó su nombre en un cuaderno porque fue la persona que la atendió en la dependencia.
Torales hoy está sentado en el banquillo de los acusados. Pero hay dos policías más que aún no fueron identificados. Puede haber sido cualquiera de los seis efectivos que fueron citados. Ninguno puede autoincriminarse. “Hay una causa abierta para saber quiénes son los otros dos que denunció que le pegaron”, dijo el fiscal cuando se opuso a la citación. “Según surge de los lineamientos, más que testigos pueden resultar que sean sospechosos”, agregó.
Los abogados de la familia, María Dinard y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también se opusieron. Medina leyó los horarios de cada uno de los policías que fueron al destacamento ese día. “Ellos no son testigos, porque no son ajenos al hecho”, argumentó. Las responsabilidades pueden ir desde la coautoría hasta la omisión del accionar como funcionarios públicos. Para los magistrados Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño no escucharlos sería “prejuzgarlos”.
Los testigos figuraban en un listado inicial de personas que había convocado el funcionario judicial que hizo la instrucción. El representante del Ministerio Público Fiscal que encaró el juicio, desistió de llamarlos. Los abogados Juan Grimberg y Gastón Jordanes-y sus ayudantes-insistieron en el pedido el último martes en la segunda jornada del debate oral.
Tres policías vinculados a otra causa
Néstor Guillermo Díaz, Damián Marcelo Sotelo y Sergio Oscar Fékter también estaban de guardia otra noche en Indart 106: la noche del 31 de enero de 2009. Ese día Luciano, desapareció bajo circunstancias que hasta hoy la Justicia Federal investiga. Los tres forman parte del listado de ocho policías implicados en la desaparición.
Esa noche, uno de los patrulleros del destacamento de Lomas del Mirador no emitió registro de posicionamiento.  Además, los móviles salieron de la cuadrícula que les correspondía y el registro de entradas de la dependencia fue adulterado. Las versiones de los policías sobre qué hicieron esa madrugada fueron contradictorias.
Recién en febrero de 2013, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidió pasar a disponibilidad a los ocho funcionarios que trabajaban en la dependencia esa madrugada. Hasta ese momento seguían con sus tareas en distintas comisarías del conurbano. Los habían desafectado por “faltas graves”. Pero la medida fue levantada a los 4 meses de decretada.
Los testigos de un robo que nunca se investigó
A Luciano lo llevaron hasta el destacamento aquel 22 de septiembre de 2008 porque sospechaban que había robado un celular. Cuando él volvió a su casa, su hermana lo increpó:
-Negro, ¡la puta madre! ¿Vos te robaste esa porquería de teléfono de mierda?
-¡Vos sos una pelotuda! ¡No robé nada y encima me cagaron a palos! - dijo, llorando.
El asunto nunca se comprobó. Tampoco está sobre la mesa en el debate que se está desarrollando en los Tribunales de La Matanza. Sin embargo, el equipo de abogados de Torales pidió que tres personas relacionadas a ese supuesto robo fueran testigos de este juicio. La Fiscalía y los querellantes también se opusieron.
Día a día del juicio
El debate oral comenzó el lunes. En la primera audiencia declararon seis testigos, entre ellos la madre de Luciano. "Todo esto empezó cuando se negó a robar para la policía", dijo. Mónica Alegre. Además prestaron testimonio Juan Gabriel Apud y Rocio Gallegos. También expusieron dos médicos, Maria Fontela, del Cuerpo Médico Forense de La Matanza, y Gabriel González, quien lo atendió a Luciano en el Policlínico de San Justo. Otra que habló ante los jueces fue  Zulma Noemi Robles de Torales, la madre del ex policía.
En la segunda audiencia la única que habló fue la hermana de Luciano, Vanesa Orieta. Detalló todo lo que le contó sobre la detención y el contexto de persecución y hostigamiento que sufría. Relató cómo cambió su hermano después de la detención y el miedo que sentía.
Cuatro meses después de la detención que se está juzgado, Luciano murió. La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde falleció al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora  vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. No hay dudas de que el hostigamiento policial guarda relación estrecha con lo que pasó esa noche.
Su familia no supo qué había pasado con él hasta cinco años y ocho meses después. En ese tiempo reclamaron, movilizaron, empujaron a la Justicia. La identificación del cuerpo se logró el 17 de octubre del año pasado. Paradójicamente, se hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por el destacamento donde lo torturaron en 2008.

Seis policías bonaerenses están convocados para declarar hoy en la tercera audiencia del juicio por las torturas que sufrió Luciano Arruga cuatro meses antes de desaparecer. El fiscal José Luis Longobardi y los abogados de la querella se opusieron a que fueran testigos. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza aceptaron por unanimidad el pedido de los defensores de Julio Diego Torales, el ex agente que está siendo juzgado. Todos estuvieron en el destacamento cuando a Luciano lo golpearon entre, al menos, tres personas, le dieron de comer un sándwich escupido y lo amenazaron con llevarlo a la comisaría 8va donde lo violarían. Entre los efectivos, tres de ellos que están investigados por la desaparición del joven de 16 años.

En total declararán nueve personas en la tercera jornada del debate que comenzó el lunes. Néstor Guillermo Díaz, Miguel Ángel Olmos, Damián Marcelo Sotelo, Miguel Osvaldo Soraire, Mónica Viviana Chapero y Sergio Oscar Fékter  están citados para aportar su testimonio. Se trata de los efectivos que estuvieron de servicio en el destacamento de Indart 106 en Lomas del Mirador donde Luciano estuvo detenido durante más de nueve horas aquel día hace seis años. Cuando su madre y su hermana lo fueron a buscar, Luciano alcanzó a señalar a Torales: “Vos me pegaste, mientras los otros dos me sostenían”. Más tarde, se lo contó a su hermana cuando ya estaba en su casa. Ella anotó su nombre en un cuaderno porque fue la persona que la atendió en la dependencia.

Torales hoy está sentado en el banquillo de los acusados. Pero hay dos policías más que aún no fueron identificados. Puede haber sido cualquiera de los seis efectivos que fueron citados. Ninguno puede autoincriminarse. “Hay una causa abierta para saber quiénes son los otros dos que denunció que le pegaron”, dijo el fiscal cuando se opuso a la citación. “Según surge de los lineamientos, más que testigos pueden resultar que sean sospechosos”, agregó.

Los abogados de la familia, María Dinard y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también se opusieron. Medina leyó los horarios de cada uno de los policías que fueron al destacamento ese día. “Ellos no son testigos, porque no son ajenos al hecho”, argumentó. Las responsabilidades pueden ir desde la coautoría hasta la omisión del accionar como funcionarios públicos. Para los magistrados Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño no escucharlos sería “prejuzgarlos”.

Los testigos figuraban en un listado inicial de personas que había convocado el funcionario judicial que hizo la instrucción. El representante del Ministerio Público Fiscal que encaró el juicio, desistió de llamarlos. Los abogados Juan Grimberg y Gastón Jordanes-y sus ayudantes-insistieron en el pedido el último martes en la segunda jornada del debate oral.

Tres policías vinculados a otra causa

Néstor Guillermo Díaz, Damián Marcelo Sotelo y Sergio Oscar Fékter también estaban de guardia otra noche en Indart 106: la noche del 31 de enero de 2009. Ese día Luciano, desapareció bajo circunstancias que hasta hoy la Justicia Federal investiga. Los tres forman parte del listado de ocho policías implicados en la desaparición.

Esa noche, uno de los patrulleros del destacamento de Lomas del Mirador no emitió registro de posicionamiento.  Además, los móviles salieron de la cuadrícula que les correspondía y el registro de entradas de la dependencia fue adulterado. Las versiones de los policías sobre qué hicieron esa madrugada fueron contradictorias.

Recién en febrero de 2013, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidió pasar a disponibilidad a los ocho funcionarios que trabajaban en la dependencia esa madrugada. Hasta ese momento seguían con sus tareas en distintas comisarías del conurbano. Los habían desafectado por “faltas graves”. Pero la medida fue levantada a los 4 meses de decretada.

Los testigos de un robo que nunca se investigó

A Luciano lo llevaron hasta el destacamento aquel 22 de septiembre de 2008 porque sospechaban que había robado un celular. Cuando él volvió a su casa, su hermana lo increpó:

-Negro, ¡la puta madre! ¿Vos te robaste esa porquería de teléfono de mierda?

-¡Vos sos una pelotuda! ¡No robé nada y encima me cagaron a palos! - dijo, llorando.

El asunto nunca se comprobó. Tampoco está sobre la mesa en el debate que se está desarrollando en los Tribunales de La Matanza. Sin embargo, el equipo de abogados de Torales pidió que tres personas relacionadas a ese supuesto robo fueran testigos de este juicio. La Fiscalía y los querellantes también se opusieron.

Día a día del juicio

El debate oral comenzó el lunes. En la primera audiencia declararon seis testigos, entre ellos la madre de Luciano. "Todo esto empezó cuando se negó a robar para la policía", dijo. Mónica Alegre. Además prestaron testimonio Juan Gabriel Apud y Rocio Gallegos. También expusieron dos médicos, Maria Fontela, del Cuerpo Médico Forense de La Matanza, y Gabriel González, quien lo atendió a Luciano en el Policlínico de San Justo. Otra que habló ante los jueces fue  Zulma Noemi Robles de Torales, la madre del ex policía.

En la segunda audiencia la única que habló fue la hermana de Luciano, Vanesa Orieta. Detalló todo lo que le contó sobre la detención y el contexto de persecución y hostigamiento que sufría. Relató cómo cambió su hermano después de la detención y el miedo que sentía.

Cuatro meses después de la detención que se está juzgado, Luciano murió. La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde falleció al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora  vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. No hay dudas de que el hostigamiento policial guarda relación estrecha con lo que pasó esa noche.

Su familia no supo qué había pasado con él hasta cinco años y ocho meses después. En ese tiempo reclamaron, movilizaron, empujaron a la Justicia. La identificación del cuerpo se logró el 17 de octubre del año pasado. Paradójicamente, se hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por el destacamento donde lo torturaron en 2008.

 

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